Impuesto al sobreconsumo de agua

Winston Alburquenque

Se anticipó por el gobierno un impuesto al sobreconsumo de aguas, entendiendo como tal un aumento en las tarifas de aguas potable a quienes sobrepasen un margen de consumo prudente que será preestablecido por la autoridad. El argumento que se ha esgrimido para imponer este impuesto es evitar una escasez de agua potable durante la temporada 2023, que podría producirse debido a la sequía que se ha proyectado para ese año. Sin embargo, surgen varias dudas sobre si una medida de esta naturaleza es capaz de resolver el problema de fondo o si es una de muchas que deberán imponerse para evitar el desabastecimiento.

Este tributo podría ser considerado un impuesto ambiental que tiene dos objetivos: corregir un comportamiento de los usuarios y generar una mayor recaudación para destinarla a remediar el problema ambiental. Sobre este último fin surgen las primeras interrogantes.

“La mayor interrogante es si esto realmente soluciona el problema de fondo, que es la escasez de agua. La crisis hídrica no está en el consumo de las sanitarias, sino en el sector agrícola, que utiliza el 73% de los derechos de aguas”.

¿Estamos frente a un aumento de la tarifa de agua potable tal como sucede en materia eléctrica, o se trata de un nuevo impuesto? La diferencia no es menor, ya que, si resulta ser lo primero, entonces los recursos que se obtienen de esa nueva tarifa van a la empresa sanitaria concesionaria en el sector en donde se entrega el servicio. En este caso, seguramente, tendrá que haber un ajuste a las tarifas de todos los usuarios del área concesionada como contraprestación a la mayor recaudación de la empresa sanitaria.

En caso contrario, si esta nueva tarifa es un impuesto, debe cumplir ciertos requisitos, como ser establecido mediante una ley propuesta por el Presidente de la República y, salvo que se altere por esa misma ley el destino de esos recursos, esta recaudación va a las arcas fiscales. Además, está la duda de que este nuevo tributo sea capaz de cambiar la conducta de los usuarios, ya que ellos pueden elegir pagar más para seguir teniendo la posibilidad de usar más agua. En términos generales, las características de este impuesto nos hacen concluir que no estamos frente a un impuesto verde, pues no cumple con los objetivos de remediar un problema ambiental ni de asegurar el cambio del comportamiento de los usuarios.

Sin embargo, la mayor interrogante está dada por si esta medida realmente soluciona el problema de fondo, que es la escasez de agua. El problema de la crisis hídrica no está en el uso del agua en el consumo de las sanitarias, ya que éstas solo utilizan el 6% del total del país. La gran demanda de agua es en el sector agrícola, que utiliza el 73% de los derechos de aguas. Además, el agua para uso sanitario en algún porcentaje se recolecta como agua servida, se trata y se devuelve a los cauces. Entonces, el problema no se soluciona solamente gravando al usuario final de la cadena sanitaria, sino que se debe complementar con otras medidas como el fomento en la construcción de desaladoras, la construcción de embalses y, sobre todo, con mejorar la gestión del riego en la agricultura.